La Consejería de Educación y Cultura ha dirigido este lunes un oficio al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para que adopte medidas cautelares ante el conflicto surgido en el arranque de este curso con las empresas de autobuses por la no prestación del servicio de transporte escolar en los municipios en los que hoy han comenzado las clases, ha informado fuentes de este departamento.

La patronal sectorial Froet, por su parte, ha informado de que el 95 por ciento de las empresas no han prestado el servicio de transporte escolar por carecer de contrato, y ha precisado que en los municipios de Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Molina de Segura, Puerto Lumbreras y Totana algunas rutas escolares sí han estado operativas.

En un comunicado, la Consejería advierte de que la no prestación del servicio sin causa justificada y de forma unilateral lleva directamente aparejada, entre otras medidas, la apertura de un expediente de resolución del contrato en vigor. 

Paralelamente -añade- la Consejería ha iniciado los trámites reglados para realizar contrataciones, de forma inmediata y con ‘carácter de emergencia’, con otras empresas de transporte de autobuses con vistas a que sustituyan a las empresas incumplidoras y comiencen a realizar el servicio con normalidad. 

Según Educación, el 67 por ciento de las rutas escolares previstas para hoy se han realizado a las 9 de la mañana "con absoluta normalidad", lo que supone que más de 800 alumnos que se incorporaban hoy a las aulas han podido hacerlo en autobús.

Sin embargo, las rutas no realizadas "por decisión unilateral de las empresas de no prestar el servicio e incumplir el contrato vigente, han afectado aproximadamente a cerca de 500 alumnos, quienes en su mayoría han sido llevados por sus familiares a los centros escolares". También, la mayoría de los alumnos de educación especial no han sido recogidos.

La Consejería de Educación y Cultura agradece, a todas las empresas que han realizado con normalidad sus rutas contratadas, su responsabilidad empresarial y el compromiso mostrado con la educación de los alumnos de la Región, mientras que lamenta la decisión unilateral de aquellas empresas que han decidido 

La titular de este departamento, María Isabel Campuzano, ha pedido disculpas a los padres de los alumnos afectados por las molestias causadas y les ha enviado un mensaje de compresión y tranquilidad, para “garantizarles” que el servicio se prestará en breve con normalidad y “asegurarles” que todo las actuaciones que está llevando por parte de la Consejería se están realizando en beneficio de la comunidad educativa.

De igual modo, la Consejera del área también ha agradecido a los cuerpos docentes su colaboración, y de las empresas del sector que han cumplido su contrato, ha resaltado haber cumplido “con su responsabilidad”.

Por su parte, el director general de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Cultura, Jesús Pellicer, ha lamentado “la actitud tomada por algunas empresas que ha perjudicado directamente a los alumnos y sus familias” y ha ratificado que “la Consejería trabaja con todos los recursos de la Administración para que en breve todas las rutas se realicen con absoluta normalidad”.

Froet sostiene que sus empresas siguen esperando a que les sean remitidos por la consejería los contratos para prestar el servicio, pues "no es posible sin ellos solicitar la autorización de transporte escolar" y deben incluir las condiciones económicas y su período de vigencia, como en las anteriores prórrogas.

“Sin contrato el transportista no puede obtener la preceptiva autorización de transportes y sin autorización no se puede circular. Esto seguro que lo entienden los padres, que para nada querrán que sus hijos vayan en un autobús sin papeles”, explican.

Según los empresarios, Campuzano “nunca ha tendido la mano” al sector, hasta el punto de “empeorar todavía más las cosas: cuando se estaba reclamando la prórroga del convenio marco, su respuesta fue quitarnos las indemnizaciones por el parón del Covid-19, que ya se habían solicitado, e intentar darnos el cambiazo para que aceptáramos una ampliación de contrato por 4 meses” desde una actitud “inmovilista y soberbia, con la única intención de imponer su voluntad con amenazas y mentiras con clara intención de confundir a la opinión pública”.

Por último, califican de “extravagante” solicitar medidas cautelares al TSJRM, “con lo fácil que es mandar los contratos a las empresas antes de que acabe el día”, por lo que es “surrealista” que Educación anuncie contrataciones de emergencia con otras firmas de autocares.