Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, de diferentes nacionalidades: españoles, hondureños y colombianos. Todos ellos como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral; delito relativo a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de drogas, contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar y pertenencia a organización criminal.

Denuncia anónima

La Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta de forma anónima a través del correo trata@policia.es. Ésta es una de las herramientas que, junto con el teléfono gratuito 900.105.090, la Policía Nacional pone a disposición de cualquier persona que quiera aportar información de interés en este aspecto.

En esta denuncia se indicaba que una pareja se estaba dedicando a explotar sexualmente a mujeres de origen latino y en situación irregular. Las hacían trabajar a todas horas y les suministraban sustancia estupefaciente, tanto a las mujeres como a los clientes, con el fin de alargar los servicios.

Se inició así una investigación con los datos aportados anónimamente. Se pudo localizar el local e identificar a los principales responsables. Ya eran conocidos por los agentes pues habían sido detenidos en ocasiones anteriores por hechos de naturaleza semejante, ya que habían gestionado otros prostíbulos en distintas localidades de Murcia, al menos desde el año 2018.

Localización de las víctimas

La Unidad investigadora logró localizar a varias de las víctimas explotadas quienes aportaron información sobre el funcionamiento y la gestión del establecimiento investigado. Concretamente se logró localizar a una mujer quien había sido captada en su país de origen, Honduras, y posteriormente trasladada a España por esta organización para su explotación laboral y sexual.

Las víctimas relataron a los investigadores cómo se contactaba con las mismas en su país de origen, cómo las hacían contraer una elevada deuda por su desplazamiento a España, en torno a 2.000 euros. Deuda por la cual las obligaban a trabajar para la organización hasta que la misma quedase saldada. En el caso de que las chicas se negasen a hacer frente a ese pago a través del ejercicio de la prostitución llegaban a amenazar a sus familiares en sus países de origen o las chantajeaban con contar a sus allegados que se dedicaban al ejercicio de la prostitución. 

Las mujeres incluso eran amedrentaban con conjuros o invocaciones de espíritus, destacando la Pomba Gira – espíritu afro brasileño que suele ser venerado por proxenetas para tener atadas a las chicas captadas - basándose en tradiciones muy arraigadas en los países latinos, especialmente Brasil, país del que eran originarias algunas de las víctimas.

Además de los gestores del prostíbulo, la organización contaba con colaboradores, personas con funciones bien definidas: traslado y control de las víctimas, contacto con los clientes para concertar los servicios sexuales, adquisición de sustancia estupefaciente.

Intervención, detenciones y registros

Los investigadores han procedido a la detención de siete personas: dos responsables y el resto colaboradores. Se ha llevado a cabo un registro domiciliario en la localidad de El Palmar en el que se ha contado con la colaboración de ONG APRAMP (Asociación Para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), quienes asistieron a ocho mujeres víctimas de esta organización criminal. Además se halló en el registro practicado un altar de santería, documentación relacionada con la investigación que evidenciaba la explotación sexual y laboral y diversos dispositivos electrónicos. Se han intervenido tres vehículos.

Cuatro de los detenidos han pasado a disposición judicial mientras otros tres, tras su toma de declaración en sede policial, han sido puestos en libertad con cargos.

Investigación e intervención desarrollada por la Policía Nacional a través de sus agentes pertenecientes a la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, quienes contaron con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción y Guías Caninos, todos ellos pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.