La jornada puso de relieve la dedicación en la Administración Regional de un área de inspección dedicada a la mejora regulatoria y simplificación normativa, incluida en el Plan de Inspección General de los Servicios 2020-2023, recientemente aprobado en Consejo de Gobierno, según han informado fuentes de la Comunidad Autónoma en una nota de prensa.

Ballesteros ha destacado que "esta área promoverá actuaciones dirigidas a impulsar la cultura de la calidad, el seguimiento, revisión, simplificación y consolidación normativa con medidas como protocolos y guías de calidad".

Además, ha indicado la consejera "se incluirán revisiones de las actuales guías para elaborar las memorias de análisis de impacto normativo; fomentar las evaluaciones; impulsar las actuaciones de modificación que sean necesarias para eliminar trabas y cargas administrativas que vinieran impuestas por la normativa autonómica; así como diseñar y poner en marcha de un sistema de huella normativa en el ciclo de vida de los expedientes durante la elaboración de normas"

Al respecto, Ballesteros ha señalado que "también se abordó cómo queremos que sea la Administración del futuro y el papel que juegan las tecnologías emergentes como formas de combatir la corrupción".

La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública inauguró este miércoles de forma telemática la 'Jornada sobre instrumentos de Buen Gobierno: mejora regulatoria y tecnologías emergentes', organizada por la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción.

Por último, la jornada, ha estado destinada a la ciudadanía en general, al personal empleado público con interés en materia de Buen Gobierno y Transparencia, a los colegios profesionales, entidades asociativas y empresas con relaciones jurídicas con las administraciones públicas.

En ellas han contado con la participación de Fernando Jiménez, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia; Carles Ramió, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra; y el director general de Regeneración y Modernización Administrativa, José David Hernández, encargado de clausurarlas.