Las alegaciones presentadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) al Plan Hidrológico del río Tajo han recibido la adhesión por parte de las Mesas del Agua de Alicante, Almería y Murcia. Este acto ha tenido lugar hoy miércoles 22 de diciembre tras la celebración de su asamblea general, celebrada en la Cámara de Comercio de Murcia.

A esta adhesión se han sumado otras entidades del sector agrícola, como ASAJA Murcia, ASAJA Alicante, APOEXPA, FECOAM, UPA Murcia, FERAL, PROEXPORT o AGRUPAL, y otras agrupaciones empresariales y sindicales, como CROEM, FROET, COAG, UCOMUR, CCOO Murcia o UGT Almería.

“Se demuestra así que la sociedad civil del Levante está unida, en torno al siguiente mensaje: estos planes no pueden llevarse a cabo”. Señala el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez Vidal que  “esta decisión, de mantener sus términos actuales, significaría una drástica reducción de caudales a derivar por el Trasvase Tajo-Segura y, por extensión, conllevaría un futuro muy difícil para el Levante agrícola”, adelanta.

Sobre dos ejes principales

Las alegaciones presentadas por el SCRATS a este plan del Gobierno central se articulan sobre dos ejes principales. Por un lado, plantea que esta planificación debe contemplar las demandas del sistema hidráulico Tajo-Segura y analizar el impacto ambiental, social y económico que causarían en las mismas los caudales ecológicos propuestos.

Por otro, el sindicato sostiene que los caudales ecológicos propuestos para el eje del Tajo no están bien calculados. De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica y determinando el caudal necesario para garantizar el 50% del hábitat potencial útil (HPU), el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez es inferior a 6 m³/s. “Y si se calculara para garantizar el 30% del HPU, el caudal ecológico sería de 3,45 m³”, apuntan.

Sin criterios técnicos

En definitiva, el SCRATS denuncia que ha quedado demostrado que esta planificación adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica no tiene los criterios técnicos válidos que avalen su conveniencia. “Será un golpe muy duro para los 80.000 regantes que se nutren del Trasvase Tajo-Segura si se consuman los planes del Ministerio, que solo están motivados por razones políticas”, indica Jiménez, que recuerda que la aportación del Levante agrícola al PIB nacional supera los 3.013 millones de euros, dando empleo a más de 106.000 personas.