La Fiscalía ha sostenido que la orden de Baltasar Garzón de grabar a imputados del "caso Gürtel" y sus abogados en prisión estaba justificada por los indicios de delito que pesaban sobre "los sujetos de las escuchas" -los cabecillas de la red-, en casos como el de Marta del Castillo.

"Los indicios se exigen para el sujeto de las escuchas, no para el sujeto pasivo aunque fueran letrados", ha dicho la fiscal Pilar Fernández Valcarce en su exposición final ante el Tribunal Supremo, en el que ha pedido la absolución del magistrado.El Ministerio Público considera que Garzón no cometió los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales que le imputan las acusaciones, ya que considera que la legislación no prohíbe expresamente grabar las conversaciones con los abogados si así lo requiere la investigación de delitos graves, como es el blanqueo de capitales.

La representante del Ministerio Público ha considerado también que el auto en el que Garzón dictó la medida dejó a salvo el derecho de defensa desde el primer momento, argumento suficiente para descartar la existencia del delito de prevaricación que supone tomar una decisión injusta a sabiendas de que lo es.

"Se hace una prevención del derecho de defensa y esto es una manifestación demostrativa de la voluntad" del magistrado de velar por ese derecho, ha dicho la fiscal, que ha sostenido también que la decisión de Garzón no puede ser calificada de "irrazonable" o "injusta a todas luces".

Por su parte, el fiscal Antolín Herrero ha reprochado a las acusaciones que en sus intervenciones "no hayan dejado títere con cabeza" al criticar a la Fiscalía, Instituciones Penitenciarias, a la Policía y hasta al Colegio de Abogados.

Según Herrero, la legislación atribuye el juez instructor la competencia para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las partes de un proceso y, por tanto, en este caso es a Garzón a quien le correspondía esa función.Una función que cumplió en el auto en el que ordenó las escuchas y posteriormente al encargarse del expurgo de las conversaciones.

Asimismo, ha recordado al autor de la querella, el abogado Ignacio Peláez, que la ley sí exige una autorización judicial para visitar a reclusos a los que no representa y que no basta con ser "expresamente llamado" por los mismos, tal y como alega el letrado, que se entrevistó con los cabecillas de "Gürtel", Francisco Correa y Pablo Crespo, en la cárcel de Soto del Real (Madrid).También ha subrayado que Garzón no podía tener interés en la estrategia de defensa, pues cuando adoptó esa medida ya era consciente de que iba a perder la competencia ante la existencia de aforados entre los imputados.

Tras los informes finales por parte de las acusaciones y el Ministerio Público, el juicio se ha suspendido hasta las 16:15 horas de la tarde, cuando está previsto que intervenga la defensa de Garzón y el juez de la Audiencia Nacional en su turno de última palabra.