El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comparecerá hoy en el Congreso para explicar sus prioridades en esta legislatura, para la que ya ha avanzado algunos planes como elaborar un Estatuto de la Víctima o el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo anunció el ministro en su toma de posesión, en la que además insistió en el objetivo del PP de lograr en tres meses la renovación pendiente en el Tribunal Constitucional (TC) en dialogo permanente con la oposición.

Un diálogo que ya ha comenzado, según ha adelantado esta tarde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Gallardón ha dado también alguna pista más de las líneas que marcaran su gestión al frente del departamento de Justicia, entre las que se encuentran las medidas dirigidas a agilizar el trabajo de los tribunales.

Ahí se enmarcaría la posibilidad de revisar, como dijo el ministro, la paralización de la actividad procesal durante el mes de agosto.

El titular de Justicia tendrá que responder también a algunas de las peticiones que le ha trasladado ya el CGPJ, que ha emplazado al nuevo Gobierno a abordar la reforma de la Justicia de manera urgente e inaplazable y con el consenso de las fuerzas políticas.

Dada la situación económica actual lo más difícil en esa tarea puede ser lograr la inversión suficiente para conseguir la modernización real de la Administración de Justicia, aunque Ruiz-Gallardón ya ha asegurado que la crisis no será un pretexto para incumplir el compromiso que su partido adquirió con los españoles a través de su programa electoral.

El consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias puede ser también fundamental a la hora de abordar algunos de los proyectos legislativos pendientes como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se quedó estancada en la pasada legislatura, o la Ley de Planta y Demarcación que pide el Poder Judicial para optimizar recursos.

En la agenda del ministerio está también la reforma del Código Penal para tratar "de manera adecuada" la multirreincidencia, como avanzó el titular de Interior, Jorge Fernández Diáz, o la inclusión de la prisión permanente revisable, que el PP prometía también en su programa electoral.

A todo ello puede añadirse la voluntad del Gobierno, avanzada ya también por Sáenz de Santamaría, de revisar la legislación para fortalecer la protección a los menores víctimas de delitos, además del tratamiento de los casos en los que son menores los que cometen delitos graves.

La jornada de hoy será intensa en la Comisión de Justicia que, tras la comparecencia de Gallardón, tendrá que escuchar los planes del futuro fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien acude al Congreso para que los diputados valoren sus méritos e idoneidad.

Con esta comparecencia se cumple el trámite establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que tras la propuesta del Consejo de Ministros, el CGPJ y el Congreso deben valorar al candidato elegido por el Gobierno, aunque esa valoración no es vinculante para el nombramiento.

El Poder Judicial ya cumplió su parte al aprobar el pasado 30 diciembre un informe favorable al nombramiento de Torres-Dulce, que tras pasar la prueba en el Congreso, prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.