El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nula e inconstitucional la ley del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre, que ya había sido suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre y que ahora es privada de cualquier legitimidad en una sentencia definitiva. Pero la sentencia va más allá de la resolución y abunda en argumentos de extrema dureza contra el Parlament.

En lo jurídico, el tribunal afirma que la ley del referéndum invade competencias estatales en materia de consultas del Estado y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la unidad de la nación. Añade, además, que la tramitación de esta ley en el Parlament incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo", afectando, entre otros, a los derechos de las minorías y a la representación de los ciudadanos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el juez Andrés Ollero, reprocha al Parlament catalán el haber dejado a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno", es decir, arbitrario.

En el fallo, adoptado por unanimidad, el TC acepta el recurso del Gobierno contra la norma del Parlament que condujo a la convocatoria del referéndum del 1-O y le espeta al legislativo catalán que "un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".