Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han defendido que la Administración regional bajo su mandato actuó, en el caso de los cursos de formación, de acuerdo con la legalidad y que, en todo caso, "las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella", según ha defendido Griñán, matizando la declaración de un Chaves que admitió "errores" en la gestión de las ayudas públicas dedicadas a formación para el empleo.

Chaves y Griñán, por este orden, han acudido a la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude en los cursos de formación desde el año 2002, ante la que han coincidido en desvincular a la Junta de cualquier "fraude" o "ilegalidad" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo.