La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha encontrado indicios "que permitan dirigir reproche penal" contra el rey Juan Carlos I sobre la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a su nombre en la isla de Jersey -un paraíso fiscal ubicado en el canal de la Mancha bajo dependencia de Reino Unido-, por lo que archivará la causa.

Así lo refleja un extracto del borrador del archivo al que ha tenido acceso la Cadena COPE, acerca de la última de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano.

Se trata de un texto de 20 folios que está solo a la espera de ser fechado y firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que dirige las investigaciones tras el fallecimiento del anterior teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. En el borrador, según recoge la COPE, Luzón sentencia que en ningún momento el rey emérito ha tenido condición de beneficiario de este fondo ni tampoco consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas. Tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

“No existe indicio alguno” para vincular a Juan Carlos I

Esta tercera y última línea de investigación sobre Juan Carlos I arrancó después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibiera una alerta tras el hallazgo de dinero no declarado procedente de un instrumento denominado trust en la isla de Jersey en 2020. Según explica el propio Luzón, se trata de "un instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón, de naturaleza fiduciaria, mediante el cual la persona que lo constituye (setlord) crea un patrimonio separado al cual se le transmiten unos activos que son administrados por un trustee en favor de las personas designadas como beneficiarios".

El borrador del archivo da por probada la existencia de este trust en Jersey, si bien considera que “no existe indicio alguno” para vincular a Juan Carlos I con el mismo: “En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”, apunta el texto, aunque sí fue creado con fondos que pertenecían al rey Juan Carlos.

Luzón explica que en 2004, el historiador, profesor y consejero del rey emérito Joaquín Romero Maura constituyó un trust con dinero procedente de otros dos trust creados en 1995 y 1997 por el diplomático y gestor personal del monarca Manuel Prado y Colón de Carvajal, en los cuales el rey emérito sí figuraba como "único beneficiario". “La finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar", sostiene el borrador.

Fue precisamente en 2004 cuando decidió traspasar el dinero a Romero Maura con el trust de Jersey. “La situación política en España era estable, el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”, apunta el documento.

¿Qué ha pasado con el fondo?

Desde entonces, la Fiscalía sostiene que el trust ha tenido "una baja actividad” y, tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, momento a partir del cual ya no gozaba de inviolabilidad, las transferencias a terceros "han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”.

Desde entonces es Joaquín Romero Maura quien dispone de esos fondos, nombrando beneficiarios a su muerte a su esposa y al British Refugee Council, “una organización caritativa fundada en 1951 y dedicada a ayudar a refugiados y personas que, huyendo de zonas de guerra, conflicto, violencia o persecución, buscan asilo en el Reino Unido”, explica el fiscal jefe Anticorrupción.

Otras dos investigaciones pendientes

De esta manera, el fiscal jefe Anticorrupción cierra la puerta a que estas diligencias acaben ante un juez, el mismo horizonte se vaticina para las otras dos líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del alto tribunal contra Juan Carlos I. Se trata, por un lado, de la relativa a las supuestas comisiones por la adjudicación a un consorcio español del AVE a La Meca y, por otro, del presunto uso de unas tarjetas opacas sufragadas por un empresario mexicano.

A pesar de que estas dos investigaciones fueron prorrogadas en el mes de diciembre, pues caducaban en los próximos días y se estimó conveniente pedir una prórroga de las mismas, fuentes fiscales apuntaron entonces que la previsión es que la Fiscalía acabe archivando las diligencias sin agotar los plazos. Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.

La Fiscalía prorroga todas las investigaciones sobre el patrimonio del rey Juan Carlos

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, tras una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia. Así lo reconocía él mismo en la misiva que envió a Felipe VI el 3 de agosto, explicando que daba el paso "ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad".