El fin del estado de alarma, el 9 de mayo, supondrá que se acabe el cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda, por lo que las comunidades se preparan para ese escenario y exigen al Gobierno la modificación de leyes que les dé margen para dictar restricciones y evitar el caos jurídico.

Así lo trasladarán este miércoles a Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque la intención de las comunidades es disponer de instrumentos jurídicos para mantener, si es necesario, las restricciones por la covid-19.

Con el fin del estado de alarma también decae la limitación de aforos o la prohibición de reuniones de más de seis personas en espacios públicos o privados. Por eso, las autonomías presionan para que el Gobierno les confiera seguridad jurídica y las decisiones que en un futuro adopten no dependan de los tribunales.

Desde Castilla-La Mancha, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha informado de que pedirá al Consejo Interterritorial que deje "muy claro" el margen de maniobra que tienen las comunidades en lo que atañe de manera "muy evidente" a los derechos fundamentales, como son el cierre perimetral, el toque de queda y las restricciones de reuniones.

"Vamos a pedir al Ministerio un marco jurídico que sea solvente y de seguridad. Lo que queremos es tener seguridades", ha indicado Blanca Fernández, quien ha agregado que no lo hacen porque quieran tener "indefinidamente" medidas restrictivas sino porque necesitan seguridad jurídica.

Mientras, desde el País Vasco, la vicelehendakari Idoia Mendia ha sugerido que el estado de alarma se prorrogue solo en las autonomías en peor situación epidemiológica.

Mendia no se ha sumado a la petición expresa de Iñigo Urkullu de que siga el estado de alarma a partir del 9 de mayo, aunque ha señalado: "Comparto con el lehendakari la preocupación por la situación que estamos viviendo, que está presionando el sistema sanitario".

"No niego que el estado de alarma puede ser un escenario para Euskadi correcto, pero la pandemia nos ha señalado la volatilidad de los escenarios; hoy estamos mal pero dentro de dos semanas podemos estar en un estado óptimo", ha comentado.

También desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado su preocupación por lo que pueda pasar cuando decaiga el estado de alarma.

"Me preocupa que a partir del 9 de mayo pueda haber algún rebrote en algún municipio o provincia de Andalucía, y yo no tenga instrumentos legales para cerrarlo y evitar contagios a municipios aledaños", ha dicho.

Se ha referido además a la reunión que va a mantener el lunes con representantes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), precisando que lo que se va a plantear es que haya coordinación y asesoramiento.

"Lo que queremos es que el TSJA nos recomiende cómo plantear aquellas actuaciones que queramos hacer en términos de limitación de libertades para intentar que los decretos que apruebe la Junta lleven el marchamo de la Justicia y no entrar en circunstancias como las acontecidas en el País Vasco, donde el Gobierno adoptaba una medida y los tribunales decían lo contrario", ha dicho.

En la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha avanzado que pedirá al Gobierno "pequeñas modificaciones" en tres leyes: la ley general de Sanidad, la de Cohesión y la de Salud Pública para tener herramientas que les permitan adoptar decisiones de control.

Por su parte, Cataluña está preparando un marco legal que le permita poder aplicar el toque de queda nocturno a partir del día 9.

Según ha explicado la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, el Govern está estudiando "mecanismos para dotarse de un marco normativo en caso de que sea necesario decretar un toque de queda".

Un "paraguas legal", ha precisado, que podría se aplicable también en caso de restricciones de movilidad.