Los servicios jurídicos de las comunidades autónomas apuran los últimos días antes del fin del estado de alarma trabajando a destajo para concretar las medidas que aplicarán a partir del domingo para contener la transmisión del coronavirus sin tropezar de nuevo con los tribunales.

La mayoría las detallará a lo largo de esta semana, aunque algunas ya han avanzado que relajarán las restricciones impuestas para la hostelería y que levantarán cierres perimetrales y toques de queda; otras estudian precisamente cómo mantenerlas sin chocar con los tribunales superiores de justicia, como ha venido ocurriendo cuando el estado de alarma no estaba vigente.

No obstante, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, en virtud del decreto aprobado este maetes por el Consejo de Ministros, con el que el Gobierno busca dar seguridad jurídica, evitar disparidades entre territorios y tranquilizar a los ejecutivos autonómicos que han venido lamentando la indefensión en la que quedaban a partir del 9 de mayo.

MURCIA

Los servicios jurídicos y de epidemiología estudian los efectos que tendrá el fin del estado de alarma y el mantenimiento de las medidas restrictivas que exceden del ámbito autonómico; no ha concretado qué restricciones pondrá en marcha, pero sí ha pedido un "plan B" al Ministerio de Sanidad porque la incidencia sigue siendo elevada.